La CE propone este miércoles el primer presupuesto de la era "posbrexit"

EFE

Comisión Europea

La Comisión Europea (CE) presentará este miércoles su propuesta de presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, el primero de la era después del brexit, dónde buscará solventar el agujero millonario que dejará la salida del Reino Unido e introducir condiciones para la recepción de fondos.

“Los Estados deben respaldar su ambición con dinero. Mantener la situación actual no es una opción en el debate que vamos a tener, pero estoy convencido de que podremos cuadrar el círculo”, dijo el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, en una inusual rueda de prensa en febrero para presentar sus ideas iniciales sobre el presupuesto.

El Ejecutivo comunitario calcula que la salida del Reino Unido, contribuyente neto a las arcas europeas, dejará un agujero de entre 12.000 y 15.000 millones de euros al año, y que además se necesitarán 10.000 millones adicionales por ejercicio para financiar nuevas tareas en los ámbitos de inmigración, seguridad o defensa.

El comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, ha avanzado en los últimos meses que la brecha deberá cubrirse con un aumento de las contribuciones nacionales, de modo que se pase del 1,03% de la renta bruta anual de la UE que supone el presupuesto a entre el 1,1% y el 1,2% en el nuevo marco.

Además harán falta recortes de entre el 5% y el 10% en diferentes partidas, incluidas las políticas agrícola y de cohesión, tradicionales pilares de la política comunitaria que hoy copan el 70% del presupuesto.

El actual marco financiero (2014-2020) prevé 1.087 billones de euros en compromisos, de los que el 39% se destinan a la Política Agraria Común (PAC) y Pesca (420.000 millones) y el 34% a cohesión (371.400 millones), seguidos de lejos por las partidas de empleo y competitividad (13%), cooperación y desarrollo (6%), seguridad, inmigración, salud, cultura y justicia (6%) y administración (2%).

El Ejecutivo comunitario planteará por primera vez introducir un mecanismo que ligue la recepción de fondos comunitarios al respeto al Estado de Derecho, según confirmó la semana pasada la comisaria de Justicia, Vera Jourova.

En febrero, tras una cumbre dedicada al presupuesto plurianual, los líderes de la UE dieron su apoyo a esta medida e incluso a ligar los desembolsos al respeto de valores fundamentales o la recepción de inmigrantes.

La propuesta llega en un momento de preocupación por el Estado de Derecho en países como Polonia o Hungría, que además se niegan a aplicar el acuerdo comunitario de reparto de refugiados, pero al mismo tiempo son receptores principales de fondos estructurales y de cohesión.

“Hay que terminar con la hipocresía de que la solidaridad es incondicional”, dijo entonces el presidente francés, Emmanuel Macron, mientras que la canciller alemana, Angela Merkel, subrayó que los países que acogen refugiados tienen una “mayor carga financiera”.

En el capítulo de agricultura, la CE planteó en febrero revisar los pagos directos de la PAC para hacerlos más efectivos, ya que suponen el 0 % de la partida de 400.000 millones de euros pero benefician sólo a un 20% de los agricultores.

Una reducción del 15 % en esta partida supondría un ahorro de 60.000 millones en el presupuesto (5,5% del mismo), señaló entonces.

Por otro lado, países e instituciones coinciden en que los nuevos techos de gasto deben tener en cuenta las mayores necesidades en materia de gestión de fronteras y defensa, que hoy suponen un 0,4 % (4.000 millones) y un 0,05 % (590 millones) del presupuesto.

La CE prevé además mantener la dotación para el programa de intercambio Erasmus + y el de ciencia e innovación Horizonte 2020.

Asimismo, planteará un mecanismo para dar incentivos a los países que quieran hacer reformas estructurales y otro destinado a mantener los niveles de inversión pública en tiempos de crisis.

Bruselas cree además que será necesario obtener nuevos recursos propios, entre los que contempla impuestos medioambientales, contribuciones sobre el IVA, o por los réditos que obtiene el Banco Central Europeo con sus emisiones.

El documento de la CE será el punto de partida para la negociación entre los Estados de la UE (sin Reino Unido), que la última vez duró casi dos años.

La CE y la Eurocámara -que debe validar el marco financiero- piden un acuerdo rápido, pero los países ya han advertido de que no llegará antes de las elecciones europeas de mayo de 2019.

En vísperas de la negociación, España, Alemania, Francia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Rumanía, Eslovenia, Bulgaria y Croacia se muestran dispuestos a aportar más al presupuesto, mientras que Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia se oponen.

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