La UCO ratifica que la Junta "conocía" el sistema de ayudas de los ERE

EUROPA PRESS

Juicio de los ERE

El juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha acogido este lunes la declaración de un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien ha ratificado un atestado del que fue instructor y en el que se concluye que “era conocido” por el Consejo de Gobierno el sistema de concesión de estas ayudas.

En concreto, el atestado ratificado, de mayo 2012, tenía el título de ‘Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010’. En el mismo, este agente de la UCO ha explicado, a preguntas de la acusación del PP-A, que, en base a unos elementos, concluyen que el sistema “era conocido” por el Consejo de Gobierno. Así se ha referido a las declaraciones en fase de instrucción del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, al contenido de los informes de la Intervención, cuyo contenido y destinatarios están regulado –entre ellos los consejeros de Economía y Hacienda y la consejería de adscripción del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y posterior de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

En este sentido, también ha apuntado la participación de los miembros del Consejo de Gobierno en las fichas presupuestarias y las modificaciones presupuestarias. Igualmente, según ha recordado, Fernández en su declaración dijo que el sistema fue tratado en los ‘consejillos’ de viceconsejeros de la Junta y presididos por el entonces consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, estando presente éste cuando fue “tratado y objeto de debate”.

Además, cuando IFA/IDEA pasa de la Consejería de Empleo a la de Innovación, Ciencia y Empresa, en 2004, supone que “entraban en juego dos consejerías, no es sólo de Empleo”. “En base a todo esto, conformamos la conclusión de que el sistema era conocido por el Consejo de Gobierno”, ha insistido el agente.

La declaración de este comandante de la Guardia Civil, quien estuvo en el Grupo de Delitos Financieros de la UCO hasta 2013 y posteriormente pasó al Grupo de Delitos contra la Administración, ha abierto este lunes la sesión número 45 de la vista oral, que ha contado con la presencia en la sala de dos investigados, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, ex secretarios general técnico la Consejería de Empleo. Cabe recordar que al terminar la fase de declaración de los procesados, el presidente del tribunal de la Sección Primera, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, permitió a éstos ausentarse de las sesiones.

El funcionario declarante ha ratificado dicho informe sobre la Dirección General de Trabajo, así como en otros que ha actuado como instructor o secretario, en concreto, uno sobre las ayudas a Surcolor y sobre el papel de la mediadora Vitalia.

“Falta de procedimiento”

Tras el análisis de ayudas individuales y de todo el procedimiento específico de concesión de ayudas, en base al convenio marco de 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo e IFA por el que éste pagaba las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con el dinero allegado al instituto a través de las transferencias de financiación con cargo al programa 31L, el agente ha asegurado que “se daban ayudas por la Junta habiendo una total falta de procedimiento desde el punto de vista administrativo en la gestión de éstas”.

Así, ha precisado que en todos los informes por la Guardia Civil existe un apartado donde se recoge lo que, desde un punto de vista policial, se considera “irregular”, enumerando “la falta de competencia” del director general de Trabajo para conceder las ayudas, “la falta de solicitud” por parte de los trabajadores, “la no justificación” de las mismas o la “no comprobación” del estado de la empresa beneficiaria.

De otro lado, ha puesto de relieve la “escasa” plantilla que en la Dirección General de Trabajo se dedicaba a la finalidad de la realización de los expedientes de concesión de las ayudas, así como su “poca preparación cualificada”. Igualmente, ha insistido durante su declaración que, en base a la regulación existente y desde un punto de vista policial, “la finalidad de las transferencias de financiación era la aportación de fondos para la gestión corriente del IFA/IDEA, no para gastos previamente definidos”, de ahí uso “inadecuado”.

Entre otras cuestiones, a preguntas del representante del Ministerio Fiscal, ha señalado que “podía no haber un ERE” para la concesión de ayudas sociolaborales, aportando que a veces bastaba con una carta del director general de Trabajo –Francisco Javier Guerrero– a la aseguradora.

“No encontramos norma reguladora para la concesión de las ayudas sociolaborales o a empresas”, ha asegurado el agente de la UCO, así como que tampoco encontraron estudios de mercado para elegir a las aseguradoras con las que se firmaban las pólizas para el pago de las ayudas.

Sobre la presencia de intrusos, el comandante de la Guardia Civil ha afirmado que “nos llamó la atención” las relaciones “familiares” o la “afinidad al PSOE” de éstos, apuntando casos de familiares del ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas, del exchófer de Guerrero, del propio ex director general de Trabajo, de exconcejal del PSOE en Camas (Sevilla), del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas o de las secretarias de Guerrero.

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