La posible eliminación de los abonos gratuitos para trenes y autobuses, una medida instaurada por el Gobierno en respuesta a la escalada de los costes de vida, podría generar un importante cambio en Salamanca, particularmente en su red de transporte urbano. Según fuentes municipales, la bonificación del 50% aplicada al autobús urbano en la ciudad desde 2023 dejará de estar vigente si el Ejecutivo opta por retirar el plan de gratuidad en el transporte público, una medida que está actualmente bajo revisión.
Este giro en las políticas de transporte ha ganado relevancia tras las declaraciones del ministro de Fomento, Óscar Puente, quien ha mostrado su postura favorable a poner fin a las bonificaciones implantadas en septiembre de 2023. Puente ha subrayado que dichas ayudas, si bien fueron necesarias para paliar los efectos de la crisis inflacionaria, podrían estar llegando a su fin, lo que supondría un retroceso en el acceso al transporte subvencionado en toda España, incluida Salamanca.
El impacto de esta decisión sería especialmente notable en el servicio de autobús urbano de la ciudad, que ha mantenido una reducción del 50% en sus tarifas gracias a estas ayudas estatales. De confirmarse la supresión de estas subvenciones, el precio del transporte público para los salmantinos volvería a sus niveles previos, encareciendo notablemente los desplazamientos para muchos usuarios.
En este contexto, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha intensificado sus esfuerzos para poner sobre la mesa las necesidades de la ciudad ante el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, en una reunión en la que ha presentado diversas reivindicaciones ferroviarias y otros temas clave para el futuro de la movilidad en Salamanca. Las conversaciones entre ambas partes se enmarcan en la búsqueda de un equilibrio entre el necesario ajuste de las cuentas públicas y la protección de las familias que dependen del transporte público subvencionado.
La medida de los abonos gratuitos y bonificaciones al transporte fue adoptada en 2023 como una respuesta temporal a la fuerte subida de precios, pero su continuidad ha sido objeto de debate. Si bien muchos han aplaudido su capacidad para aliviar la presión económica sobre las familias, el Gobierno central argumenta que las circunstancias han cambiado, y las políticas que antes parecían imprescindibles, hoy requieren de una revisión.
En Salamanca, el final de estas ayudas afectaría a un número significativo de usuarios del transporte público, especialmente a aquellos que dependen del autobús para sus desplazamientos diarios. A nivel regional, la desaparición de las bonificaciones también repercutiría en el servicio de trenes, que dejaría de ofrecer precios reducidos, como lo ha venido haciendo desde que se instauraron las ayudas.
A medida que el Gobierno continúa evaluando esta política, queda en el aire cómo se afrontará la transición hacia una normalización de los precios del transporte público. Para Salamanca, una ciudad donde el autobús urbano es el principal medio de transporte de miles de personas, la eliminación de estas bonificaciones puede suponer un retroceso en el acceso equitativo al transporte, afectando tanto a los usuarios habituales como a la movilidad urbana en general.
Los próximos días serán clave para conocer la decisión definitiva del Gobierno en torno a esta medida, mientras los ciudadanos y el Ayuntamiento esperan con atención los próximos anuncios. Lo que parece claro es que, de materializarse el fin de las ayudas, Salamanca deberá replantearse su modelo de transporte público para evitar que el aumento de los precios afecte gravemente a sus ciudadanos.
